La defensa del líder opositor venezolano, y para una mayoría electoral, presidente electo, Edmundo González Urrutia, ha presentado un documento ante la Fiscalía General del país, exigiendo el respeto a su derecho a la presunción de inocencia y a las garantías procesales, en medio de una investigación que ha generado controversia y tensión política. Este miércoles, el abogado de González Urrutia, José Vicente Haro, se reunió con el fiscal general Tarek William Saab, con el objetivo de formalizar las razones por las cuales su cliente no ha cumplido con las citaciones judiciales, lo que ha derivado en una orden de captura en su contra.

González Urrutia, quien se ha posicionado como una figura clave en la oposición venezolana, enfrenta acusaciones de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público” tras la publicación del 83,5% de las actas electorales que su coalición sostiene como evidencia de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Estas actas, recabadas por testigos y miembros de mesa, fueron divulgadas para respaldar la denuncia de irregularidades en el proceso electoral que oficialmente proclamó la reelección de Nicolás Maduro.

Edmundo González no desprecia la institucionalidad

En el documento entregado, González Urrutia argumenta que su no comparecencia ante la justicia no es un acto de desprecio a la institucionalidad, sino una respuesta a la falta de fundamento en las citaciones recibidas. “Estimo que tal comparecencia solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar,” expresó el opositor en su escrito, subrayando la presión política y mediática que ha enfrentado.

La defensa de González Urrutia ha insistido en que la publicación de las actas electorales no constituye una usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral, sino una práctica permitida por el sistema venezolano para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso electoral. A pesar de esto, el gobierno ha calificado estas actas como “falsas”, intensificando así el debate sobre la legitimidad del proceso electoral y la represión política en Venezuela.

Este caso no solo pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial venezolano bajo el gobierno de Maduro, sino que también refleja la continua lucha de la oposición por la democracia y la justicia en un país donde las libertades están en constante riesgo.